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La Ley de la Silla: cuando España obligó en 1912 a dar asiento a las dependientas

Dependienta de una tienda de Madrid mostrando abanicos sobre el mostrador en 1929

El 27 de febrero de 1912, con José Canalejas al frente del Gobierno, Alfonso XIII sancionó una ley que obligaba a almacenes, tiendas, oficinas y escritorios a tener un asiento para cada mujer empleada. El apodo de Ley de la Silla ya circulaba desde 1910 por el Instituto de Reformas Sociales, autor del proyecto. En 1918 el derecho se extendió a los hombres, y más de un siglo después sigue apareciendo en leyes nuevas.

«Tome usted asiento»

El texto salió en la Gaceta de Madrid del 28 de febrero y no se andaba con rodeos. En todo establecimiento no fabril donde hubiera mujeres vendiendo o atendiendo al público, el dueño debía «tener dispuesto un asiento para cada una de aquellas». Cada silla era para una sola empleada, y no valían las de los clientes. La obligación alcanzaba también a ferias, mercados, pasajes y puestos ambulantes, y la trabajadora podía sentarse siempre que su tarea se lo permitiera.

Vigilarla tocaba a la Inspección del Trabajo, y saltársela costaba de 25 a 250 pesetas. Cada local debía colgar además un ejemplar de la ley a la vista, algo que, como ha señalado alguna investigadora, serviría de poco con un analfabetismo femenino altísimo. La prensa se lo tomó con sorna: el semanario satírico Gedeón, que presumía de ser el periódico de menor circulación de España, despachó la noticia el 3 de marzo con un titular de camarero solícito: «Tome usted asiento».

Una silla con expediente desde 1910

La silla venía con papeles. El proyecto salió del Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903 para estudiar y proponer leyes que mejoraran la vida de los obreros. Su Sección 2.ª, que dirigía el general José Marvá, redactó unas notas tituladas sin más ceremonia «Ley de la Silla», y el pleno las aprobó por unanimidad el 19 de diciembre de 1910. El articulado recibió el visto bueno el 25 de enero de 1911, con la firma del presidente, Gumersindo de Azcárate.

Retrato al óleo de Gumersindo de Azcárate, con barba blanca y gafas, sentado en un sillón
Gumersindo de Azcárate, presidente del Instituto de Reformas Sociales, retratado sentado por Joaquín Sorolla en 1917. Imagen CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

El texto se limitaba a las mujeres, «con exclusión de los hombres», y dejaba fuera las fábricas, que planteaban «otro problema, quizá más complejo». La justificación era médica, o lo que entonces pasaba por tal: estar mucho tiempo de pie provocaba, según el informe, «congestiones pasivas en toda la baja pelvis», con daños en el útero y los ovarios que podían complicar los embarazos. Para cobrar las multas, el proyecto imaginaba hasta un papel o sello especial con la leyenda «Multas á los infractores de las Leyes sociales».

España no inventaba nada. El informe repasaba normas parecidas en Nueva York, Alemania, Bélgica o el cantón suizo de Berna. Inglaterra exigía desde 1899 un asiento por cada tres mujeres; Francia, desde finales de 1900, uno por empleada, aunque la propuesta inicial se conformaba con uno para cada dos. Las Cortes dejaron la versión española en cuatro artículos y uno adicional.

La maestra a la que se atribuye el empujón

La historia suele ponerle nombre propio a la silla: María de Echarri, maestra nacida en El Escorial en 1878 y voz destacada del feminismo católico. Desde 1908 redactaba la crónica del movimiento católico femenino en la Revista Católica de Cuestiones Sociales, y desde los sindicatos católicos defendía a las obreras de la aguja. Sus biógrafos la presentan como impulsora de la ley; los papeles del Instituto de 1910 y 1911, en cambio, no la mencionan.

Retrato ovalado de María de Echarri publicado en una revista de 1917
María de Echarri, en un retrato publicado en La Hormiga de Oro en 1917. Foto de dominio público, vía Wikimedia Commons.

Echarri llegó a ser vocal del Instituto de Reformas Sociales y trabajó como inspectora, con visitas a centros de trabajo que le mostraron de primera mano cómo vivían las obreras. En 1924 fue una de las tres primeras concejalas del Ayuntamiento de Madrid, y en 1927 entró en la Asamblea Nacional Consultiva de Primo de Rivera. Murió en San Sebastián en 1955.

1918: los hombres también tienen piernas

La exclusión de los varones duró seis años. La ley de 4 de julio de 1918, sobre la jornada de la dependencia mercantil, extendió el derecho a los dependientes en su artículo 18, y el reglamento de octubre lo confirmó: el asiento les correspondía igual que a sus compañeras. La pelvis femenina que había servido de argumento en 1910 no impidió que los hombres se apuntaran a la silla en cuanto pudieron.

Sobre el papel, la silla ha aguantado. Hay juristas, como la académica Guadalupe Muñoz Álvarez, que sostienen que la ley de 1912 nunca se derogó formalmente, aunque se aplique poco. La normativa actual no promete una silla por cabeza: el Real Decreto 486/1997 pide asientos con respaldo en los locales de descanso, y la Organización Internacional del Trabajo recomienda un asiento o taburete para quien trabaja de pie.

Parientes al otro lado del Atlántico

Chile aprobó su propia Ley de la Silla el 7 de diciembre de 1914, con Ramón Barros Luco en la presidencia, y de paso garantizó hora y media para comer. México llegó mucho después: su Ley Silla, publicada el 19 de diciembre de 2024 y vigente desde junio de 2025, obliga a dar asientos con respaldo en comercios y servicios y prohíbe tener a la plantilla de pie toda la jornada.

Proteger a las trabajadoras también sirvió para cerrarles puertas, como comprobó Conchita Rodríguez, que tuvo que llegar al Constitucional para poder bajar a la mina. Lo de reclamar sentados viene de lejos: los artesanos de la primera huelga documentada, en tiempos de Ramsés III, se sentaron detrás de un templo para exigir el sueldo atrasado. Y del boletín oficial al habla de la calle hay a veces un paso corto, como recuerda el origen de «por el artículo 33».

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