Conchita Rodríguez se presentó en 1985 a las pruebas de ayudante minero de Hunosa, las superó y se quedó fuera por un motivo que no venía en ningún examen: era mujer. Necesitó siete años de pleitos para que el Tribunal Constitucional le diera la razón, el 14 de diciembre de 1992, y hubo que esperar a enero de 1996 para que las primeras mineras bajaran a un pozo asturiano. Ella, por decisión propia, nunca llegó a bajar a la mina.
Carboneras sí, mineras no
En las cuencas asturianas, las mujeres llevaban generaciones viviendo del carbón, aunque a la luz del día. En los lavaderos escogían y limpiaban el mineral durante jornadas de unas doce horas, y a menudo les tocaba cargar los vagones, por la mitad del sueldo de un hombre. En 1883 había 616 mujeres en las minas de hulla de Asturias; el siglo XX añadió miles.
Bajar era otra cosa. El Reglamento de Policía Minera de 1897 fue la primera norma española que prohibió de forma expresa el trabajo de las mujeres, de cualquier edad, en el interior de las minas. Lo repitió el Reglamento de Minas de 1912 y, en 1935, la Organización Internacional del Trabajo lo convirtió en su Convenio número 45. El franquismo remató la faena con un decreto de 26 de julio de 1957 que incluía las «minas, canteras, hornagueros» entre los trabajos vedados a las mujeres por «peligro de accidentes». Hubo agujeros, claro: durante la Guerra Civil, algunas mujeres hicieron trabajos de interior más o menos a escondidas.
Apta, según los médicos de la empresa
Concepción Rodríguez Valencia nació en 1958 en La Felguera (Langreo), en una familia minera desde el abuelo; su padre había entrado en la mina con 13 años. En 1985 se presentó a la convocatoria de Hulleras del Norte (Hunosa), la empresa pública del carbón, para cubrir novecientas plazas de ayudante minero. Los servicios médicos de la empresa y el Instituto Nacional de Silicosis la declararon apta. Las novecientas plazas fueron para hombres.
Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, que en 1992 dio la razón a Conchita Rodríguez. Foto de dominio público (CC0), vía Wikimedia Commons.
Según contó en 2019 al Montepío de la Minería Asturiana, aquellas pruebas físicas las aprobaron 19 mujeres, «pero nadie nos quería dentro de la mina». Conchita fue a juicio. La Magistratura de Trabajo de Oviedo rechazó su demanda el 21 de octubre de 1987, y el 11 de julio de 1989 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó su recurso: para los jueces, aquella prohibición era una medida protectora y no discriminatoria. El 17 de noviembre de ese año, con la abogada Lucía Ruano, recurrió en amparo al Constitucional.
Un estereotipo, según el Constitucional
La Sala Primera del tribunal, con su presidente, Miguel Rodríguez-Piñero, como ponente, dictó la sentencia 229/1992 el 14 de diciembre. Hunosa había defendido la prohibición como «un logro social de la mujer trabajadora». Los magistrados admitieron que esas normas nacieron para frenar la sobreexplotación de las obreras, pero concluyeron que apartar a todas las mujeres del interior de las minas «responde más a un estereotipo que a diferencias reales naturales o biológicas».
Castilletes del pozo Pumarabule, en Siero, uno de los dos pozos de Hunosa por los que bajaron las primeras mineras el 17 de enero de 1996. Foto: Yandrak (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.
Si el trabajo pedía fuerza, la exigencia tenía que ser la misma para los dos sexos; si había que cuidar la salud, bastaban límites y controles médicos que valieran para todos. El fallo reconoció a Conchita su derecho a no ser discriminada por ser mujer y anuló las dos sentencias anteriores. También le dio derecho a la plaza de ayudante minero «en igualdad con los varones» que habían aprobado con ella.
Cuatro Marías bajan al pozo
Las jaulas tardaron en llevar mujeres. Sobre el papel, el decreto de 1957 aguantó hasta noviembre de 1995, cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo derogó en lo tocante al trabajo femenino. El 17 de enero de 1996, cuatro mujeres de entre 20 y 30 años bajaron por primera vez a trabajar al interior de una mina de Hunosa: María de los Ángeles Llaneza, María Shirley Sánchez, María Virginia Domínguez y María del Carmen González. Lo hicieron en dos pozos, el Santiago, en Caborana (Aller), y Pumarabule, en Siero.
La expectación de aquel primer día fue mayúscula, y algunos mineros protestaron porque la mina, a su juicio, no era sitio para mujeres. Veinte años después, en 2016, Hunosa tenía 101 mujeres trabajando en el interior de sus explotaciones, frente a 973 hombres.
Conchita no estaba entre ellas. Mientras pleiteaba, Hunosa había empezado a contratar a través del INEM, y al tercer intento, el 9 de mayo de 1991, entró en la empresa con destino en los almacenes generales del Trabanquín. La sentencia le daba derecho a una plaza de interior, pero decidió no ocuparla. En la entrevista del Montepío explicó que «podría haber hecho el paripé de entrar al pozo», cobrar los pluses de interior y pasarse luego a tareas administrativas. Temía que muchos usaran ese gesto contra la causa y contra las mujeres que querían ser mineras.
Según el Montepío, desde 1996 han pasado por el interior de la mina más de doscientas mujeres. Ella se prejubiló como administrativa de Hunosa el 1 de julio de 2010, sin haber trabajado nunca en la galería que ganó en los tribunales.
Conchita Rodríguez, en vídeo
Conchi Rodríguez, la mujer que consiguió que el Constitucional reconociera el derecho de las mujeres a bajar al pozo, cuenta su historia en esta entrevista del canal Indómitas, grabada en Avilés en 2022.
Paseante curioso que se detiene donde la Historia tropieza consigo misma. Desde El Café de la Historia rastrea episodios reales tan absurdos que parecen inventados: juicios a animales, personajes extravagantes y anécdotas que el relato oficial suele pasar por alto. Con una mezcla de absoluto rigor histórico, barra libre de ironía y gusto por lo pintoresco, sirve pequeñas crónicas del pasado para recordarnos que la Historia, además de solemne, también sabe ser ridícula.
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