En 1865, mientras buena parte del planeta seguía con sus rutinas, en Estados Unidos se preparaba un movimiento político que pretendía ser casi revolucionario: dejar por escrito, de manera definitiva, que ninguna persona podía ser dueña de otra. Hoy parece una obviedad de manual, pero en aquel momento semejante afirmación era todo menos un consenso.
La Decimotercera Enmienda fue, precisamente, el intento de poner fin a la esclavitud por la vía constitucional. O, para ser sinceros, casi ponerle fin.
1865: el año en que la esclavitud dejó de ser “legal” sobre el papel
La enmienda establecía que ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria tendrían cabida en Estados Unidos, salvo en un caso que después daría mucho que hablar: como castigo por un delito debidamente condenado. Ese “salvo” es un auténtico personaje secundario de esta historia.
El Congreso aprobó el texto el 31 de enero de 1865, y a lo largo del año los estados fueron ratificándolo hasta alcanzar la cifra necesaria el 6 de diciembre. Doce días después, el secretario de Estado, William H. Seward, certificó que la enmienda quedaba incorporada de forma oficial a la Constitución.
La esclavitud, hasta entonces, había sido un pilar económico y social en gran parte del país desde los tiempos coloniales. Millones de afroamericanos habían sido tratados como propiedades que se podían comprar, vender, heredar y explotar, y todo ello con una normalidad jurídica pasmosa.
Para comprender la importancia de la enmienda hay que recordar que no surgió por arte de magia ni por iluminación moral espontánea. Fue la culminación de:
Décadas de enfrentamientos entre estados esclavistas y estados libres.
Un Sur económicamente dependiente del trabajo esclavo en plantaciones de algodón, tabaco o azúcar.
Una guerra civil brutal, entre 1861 y 1865, en la que la esclavitud era el tema omnipresente que todos veían y muchos evitaban mencionar en voz alta.
La Decimotercera Enmienda fue, por tanto, un intento de convertir la victoria militar de la Unión en un cambio estructural que ya no pudiera retroceder.
De la Proclama de Emancipación a una enmienda constitucional
Existe cierta tendencia a simplificar la historia: Lincoln firma la Proclama de Emancipación en 1863 y, de pronto, todos los esclavos despiertan libres. La realidad fue mucho más laberíntica.
La Proclama, vigente desde el 1 de enero de 1863, solo liberaba a quienes estaban esclavizados en los territorios rebeldes de la Confederación. No afectaba a los estados esclavistas fieles a la Unión, ni a las zonas ya ocupadas por tropas federales. Era, esencialmente, una medida de guerra destinada a debilitar al enemigo y atraer mano de obra esclava al ejército del Norte.
Ese carácter militar hacía la proclamación jurídicamente frágil: podía ser cuestionada o anulada al terminar la guerra. Para quienes buscaban acabar con la esclavitud de raíz, aquello era insuficiente. De ahí surgió la necesidad de una reforma constitucional que no dependiese del capricho de ningún presidente venidero.
La Decimotercera Enmienda se convirtió así en la primera de las llamadas Enmiendas de la Reconstrucción, a la que seguirían otras orientadas a garantizar la ciudadanía y el derecho al voto. El mensaje era transparente: no bastaba con ganar la guerra; había que redefinir por escrito los principios del país.
Cocina legislativa: intrigas, cálculos y “persuasiones” discretamente humanas
La enmienda comenzó su andadura en 1863 con distintas propuestas. El Senado la aprobó el 8 de abril de 1864 con una amplia mayoría, pero en la Cámara de Representantes se estrelló en junio: no alcanzó los dos tercios necesarios.
En ese punto, el clima político era de absoluta tensión:
Una guerra aún sin cerrar.
Elecciones presidenciales a la vista en 1864.
Un Partido Demócrata poco entusiasmado con la idea de abolir la esclavitud mediante una reforma constitucional.
Durante la campaña electoral, Lincoln terminó abrazando plenamente la idea de la enmienda, y las victorias militares del Norte reforzaron la percepción de que había llegado el momento. Tras su reelección, el viento político soplaba claramente a favor de la abolición… aunque eso no significaba que todos estuvieran dispuestos a votar de inmediato.
Para conseguir los votos en la Cámara en enero de 1865, la administración Lincoln recurrió a una mezcla clásica: discursos enérgicos, presiones de despacho y ofertas de cargos o favores políticos a congresistas escépticos. Nada que sorprenda demasiado a cualquiera que haya visto de cerca un parlamento.
El 31 de enero de 1865, la Cámara aprobó la enmienda por 119 votos frente a 56. La celebración resonó por toda la sala, incluida la galería destinada al público afroamericano, que por primera vez pudo presenciar una sesión sin ser expulsado.
El contraste fue llamativo: se ensalzaba el triunfo moral de la abolición mientras todos sabían que había sido necesario un empujón político poco angelical para llegar hasta allí. Así se escriben muchas páginas decisivas de la historia, con ideales elevados y métodos discretamente pragmáticos.
Ratificar o no ratificar: ese fue el dilema para 36 estados
Una vez aprobada por el Congreso, la enmienda pasó a los estados. En aquel momento eran 36, y se necesitaba el apoyo de 27.
Las primeras ratificaciones llegaron con entusiasmo: Illinois abrió la lista el 1 de febrero de 1865. A partir de ahí, estados del Norte se fueron sumando sin grandes debates.
El problema llegó con los estados que habían formado parte de la Confederación. Surgieron dos dudas clave:
¿Estaban esos estados dentro o fuera de la Unión a efectos legales?
¿Tenían legitimidad las legislaturas instaladas bajo ocupación federal?
La administración federal no se complicó: si una asamblea que se declaraba leal ratificaba, su voto contaba. Así, estados como Virginia, Luisiana o Tennessee fueron sumándose al recuento.
El tramo final tuvo tintes de novela jurídica:
Carolina del Sur ratificó, pero dejó claro que no reconocía con ello mayores poderes federales sobre la población negra.
Alabama y Luisiana acompañaron su ratificación de comentarios destinados a limitar el alcance interpretativo de la enmienda.
Washington ignoró delicadamente esas reservas. Seward incluyó los votos sin más y dio por concluido el asunto.
Más tarde se incorporarían otros estados, algunos con un ritmo que rozaba la pachorra institucional:
Florida, Iowa y California lo hicieron en 1865 y 1866.
Texas esperó hasta 1870.
Nueva Jersey y Delaware, tras rechazarla en su día, acabaron ratificándola.
Y luego estaban los campeones del retraso simbólico:
Kentucky no ratificó hasta 1976.
Misisipi se superó a sí misma: la ratificó en 1995, pero no se registró oficialmente hasta 2013 por un descuido burocrático de traca.
Más de siglo y medio para admitir que la esclavitud no era una idea brillante.
El famoso “salvo como castigo”: la grieta legal que nunca dejó de sangrar
La enmienda incluía una frase que a primera vista parecía inofensiva: se prohibía la esclavitud salvo como castigo tras una condena penal. Lo que entonces se entendía como un simple matiz técnico acabaría convirtiéndose en un agujero legal considerable.
Sigue cavando: la historia siempre puede ser más absurda
Sobre el papel, se trataba de permitir los trabajos forzosos como parte de una pena judicial. En la práctica, un sistema judicial profundamente desigual convirtió esa excepción en la base de un nuevo modelo de explotación.
Tras la guerra, muchos estados del Sur aprobaron leyes que castigaban conductas tan imprecisas como la vagancia o la falta de un contrato laboral. Estas normas se aplicaban casi siempre a la población negra recién liberada. Cualquier falta menor podía desembocar en trabajos forzados, a menudo bajo contratos de arrendamiento a empresas privadas que necesitaban mano de obra barata.
Décadas después, el trabajo forzoso en prisiones se convirtió en un fenómeno estructural. Y aquella frase de la enmienda, tan aparentemente inocente, resultó ser el mecanismo que lo hacía posible.
No es extraño que en los últimos años haya surgido un movimiento que propone eliminar esa excepción del texto constitucional, argumentando que ha permitido mantener prácticas incompatibles con el espíritu de la abolición.
La ironía no puede ser más evidente: se puso fin a la esclavitud dejando abierta una puerta trasera por la que muchos se colaron con entusiasmo.
De la abolición a los Black Codes: la libertad con condición
Acabar con la esclavitud no resolvió el enorme reto de qué hacer con millones de personas recién emancipadas y sin recursos. En los estados sureños, la respuesta fue rápida y nada amable: mantener la jerarquía racial por otros medios.
Entre 1865 y 1866 se desarrollaron los Black Codes, auténticos manuales legales destinados a restringir al máximo la vida de la población negra:
Se reconocían algunos derechos muy básicos.
Pero se limitaba la movilidad, se controlaban los contratos laborales y se penalizaba la falta de empleo.
Cualquier “vagancia” podía ser castigada con trabajos forzados.
Los Códigos Negros fueron tan descarados que provocaron un choque frontal con el Congreso. Esa presión política aceleró la aprobación de la Decimocuarta Enmienda y la legislación de Reconstrucción que buscaba garantizar derechos civiles mínimos.
La Decimotercera Enmienda abrió la puerta a un nuevo mundo jurídico, sí, pero también dejó claro que abolir la esclavitud no equivalía a desmantelar el racismo estructural sobre el que se había asentado el país.
Estados rezagados y curiosidades que rozan la tragicomedia
Aunque la enmienda era válida desde 1865, algunos estados tardaron décadas —e incluso más de un siglo— en sumarse a la ratificación simbólica.
Entre los episodios más llamativos destacan:
Los rechazos iniciales de Nueva Jersey y Delaware.
Texas, que esperó cinco años tras el fin de la guerra.
Kentucky, que prefirió hacerlo en plena década de los setenta… del siglo XX.
Misisipi, que firmó la ratificación en 1995 pero no la registró oficialmente hasta 2013, por un error administrativo digno de comedia negra.
Son gestos sin valor legal, pero que dicen mucho sobre las resistencias, silencios y contradicciones que arrastra la historia estadounidense.
La Decimotercera Enmienda hoy: entre el mito y la incomodidad
En el imaginario estadounidense, la Decimotercera Enmienda es un hito moral indiscutible. Representa el momento en que el país decidió enfrentarse a una de sus mayores contradicciones. Pero una lectura más pausada revela matices importantes:
La abolición se produjo en el contexto de una guerra espantosa.
Muchos apoyos legislativos aparecieron cuando era evidente que el Sur esclavista se desmoronaba.
La excepción penal siguió permitiendo formas de trabajo forzoso.
Los Black Codes y las leyes de segregación posteriores demostraron que la igualdad formal apenas arañaba la superficie del problema.
El 6 de diciembre de 1865 fue, en cualquier caso, un punto de inflexión: la esclavitud quedaba desterrada del marco legal federal. A partir de entonces, quienes pretendieron mantener el viejo orden racial tuvieron que recurrir a mecanismos más sutiles, más retorcidos o más violentos.
Lo que vino después fue, y sigue siendo, una larga disputa sobre qué significa realmente ser libre en un país que tardó tanto en prohibir que una persona pudiera ser dueña de otra.
