El 26 de diciembre de 1884, cuando Madrid olía aún a mazapán y brasero, el Gobierno de Alfonso XII tomaba una decisión que pretendía ser discreta, casi rutinaria: comunicar a las potencias europeas que España ponía “bajo su protección” un tramo de la costa africana situado entre los cabos Bojador y Blanco, territorio que hoy se reconoce como Sáhara Occidental. Nada de fanfarrias, desfiles ni proclamas grandilocuentes. Bastó una orden circular, unos cuantos acuerdos con jefes tribales y unas casetas-factoría plantadas en la arena para que un rincón remoto del desierto pasara de ser un espacio sin dueño claro a lucir una franja española en los mapas del continente.
Tras esa apariencia burocrática se escondía la radiografía de una España que corría a contrarreloj. Un país con más pasado imperial que presente, decidido a llegar al reparto de África cuando las mejores piezas ya estaban adjudicadas.
Hacia 1884, las principales potencias europeas llevaban años repartiendo el continente africano con un entusiasmo propio de una puja frenética. Francia avanzaba desde Argelia y Senegal, el Reino Unido enlazaba enclaves costeros estratégicos y Alemania, recién unificada, reclamaba su parte como quien pide una ración que considera legítimamente suya. La llamada Conferencia de Berlín, que comenzaría ese mismo año, buscaba poner un barniz jurídico a aquel festín colonial.
España observaba todo esto desde una posición incómoda. Tras la pérdida del imperio americano y con Cuba y Filipinas en pleno proceso de descomposición, el país vivía entre la nostalgia y el miedo a ser apartado definitivamente del círculo de potencias con voz propia. Las élites advertían que, si no se aseguraba un territorio africano, España quedaría relegada a un papel irrelevante en la escena internacional.
El problema era evidente: España llegaba tarde, con pocos recursos y una opinión pública centrada en problemas domésticos. Pero los africanistas —militares, intelectuales y aficionados al exotismo colonial— veían una oportunidad en la franja desértica frente a Canarias, frecuentada desde hacía siglos por pescadores y comerciantes isleños. Entre los cabos Bojador y Blanco, decían, había un espacio todavía sin dueño formal. “Si nadie se adelanta, podría ser nuestro”, pensaban.
La Sociedad Española de Africanistas y Colonistas: colonialismo a golpe de suscripción
La operación no nació únicamente del Estado. Detrás hubo una entidad influyente, casi pintoresca por momentos: la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, creada en 1881 por militares, diplomáticos, geógrafos y burgueses empeñados en devolver a España un papel colonial decoroso pese al exiguo presupuesto nacional.
Esta sociedad actuaba como un eficaz grupo de presión. Organizaba conferencias, publicaba investigaciones, agitaba conciencias políticas y, cuando podía, financiaba expediciones. Su apuesta era clara: si España lograba instalarse físicamente en algún punto del litoral sahariano, luego sería más fácil vestir aquello de protectorado ante la comunidad internacional.
Aquí entra en escena Emilio Bonelli y Hernando, un oficial de infantería, explorador y arabista con experiencia en Marruecos y el Magreb. En 1884 se convirtió en el hombre elegido para ejecutar sobre el terreno lo que otros habían planificado desde los despachos. Con un equipo reducido y mucho arrojo, recibió la misión de ocupar puntos estratégicos de la costa que miraba hacia Canarias.
La expedición se financió con aportaciones de los socios africanistas y con un apoyo gubernamental indirecto, todo diseñado para que España llegara a Berlín con algo tangible que exhibir. Un colonialismo, en definitiva, que combinaba la épica con la economía de guerra.
De Las Palmas al Río de Oro: banderas, factorías y tratados
En otoño de 1884, Bonelli partió desde Las Palmas hacia la costa sahariana con un objetivo doble: levantar pequeños enclaves comerciales y negociar con los jefes tribales locales. El 4 de noviembre izó la bandera española en la península de Río de Oro, en un acantilado donde más tarde se fundaría Villa Cisneros, futura capital de la colonia. A primera vista parecía un gesto simbólico, pero respondía a un cálculo preciso: demostrar la llamada “ocupación efectiva”, requisito indispensable para que las potencias europeas reconocieran la presencia española.
La expedición levantó tres casetas-factoría en lugares clave: Villa Cisneros, Puerto Badía y Medina Gatell. No eran edificaciones grandiosas, sino construcciones funcionales con las que apoyar la pesca y el comercio, pero su utilidad principal era otra: servir como prueba visible de presencia española ante Europa.
En el ámbito local, Bonelli firmó varios tratados con jefes de kábilas costeras. En ellos, los líderes tribales aceptaban la protección española a cambio de ciertas garantías comerciales y territoriales. Aunque estos acuerdos se fraguaron en un contexto desigual, España los presentó después como evidencia de que el protectorado tenía un componente pactado y no era fruto exclusivo de una imposición externa.
En paralelo, en la península se reunía documentación que reforzaba la idea de una vinculación histórica con la zona gracias a la actividad de los pescadores canarios y a acuerdos celebrados en décadas anteriores. La narrativa oficial comenzaba a formarse: España no aparecía allí de improviso, sino que recuperaba un espacio con el que afirmaba haber mantenido una relación sostenida.
La Real Orden del 26 de diciembre de 1884: burocracia con arena
Con las casetas levantadas, los acuerdos firmados y la bandera ondeando, faltaba el paso diplomático: notificar al resto de potencias europeas la adopción del protectorado. Ese movimiento se formalizó mediante un Real Decreto y, sobre todo, una Real Orden circular fechada el 26 de diciembre de 1884. El documento se envió a los representantes españoles en el extranjero para que comunicaran oficialmente la decisión.
En la orden se establecía que el Rey tomaba bajo protección española los territorios costeros situados entre la bahía del Oeste y el cabo Bojador, apoyándose en los acuerdos firmados semanas antes. En términos prácticos, España reclamaba la franja comprendida entre Bojador y Blanco, es decir, lo que hoy se identifica con el Sáhara Occidental.
El Gobierno eligió llamarlo “protectorado” y no “soberanía plena”, una fórmula jurídica que permitía esquivar el trámite de aprobar una ley específica para incorporar un territorio a la Corona. La maniobra era fina: España presentaba su intervención como una ayuda a poblaciones que habrían pedido protección, mientras ganaba margen para consolidar su control sin demasiados obstáculos legales.
El tono del documento dejaba entrever el verdadero objetivo: asegurar una posición en la zona antes de que cualquier otra potencia pudiera adelantarse, justo antes de la reunión definitiva de la Conferencia de Berlín.
La Conferencia de Berlín: cuando el desierto entra en el mapa
Mientras España ultimaba los detalles administrativos, en Berlín se discutían las normas que regirían el reparto del continente africano. Las potencias europeas, con Bismarck como anfitrión, fijaron principios como la obligación de comunicar cualquier toma de posesión y la exigencia de mantener una “ocupación efectiva”.
España jugó sus cartas a tiempo. Presentó la zona entre Bojador y Blanco como territorio ya protegido, con presencia física, acuerdos y enclaves estables. El 26 de febrero de 1885, con la conferencia ya clausurada, esa reclamación fue reconocida y España obtuvo oficialmente su espacio en la costa sahariana. No era la joya de la corona africana, pero sí un territorio suficiente para mantener cierto prestigio y asegurar la influencia en el Atlántico oriental.
A partir de ahí, lo que había sido una iniciativa casi experimental se convirtió en una responsabilidad a largo plazo, respaldada por el derecho internacional.
Del protectorado a la colonia: dividir el desierto con regla y cartabón
Reclamar un territorio es una cosa; definirlo en un mapa junto a otra potencia, otra muy distinta. En 1900, el Tratado de París entre España y Francia ajustó los límites del Sáhara español, reduciendo sensiblemente el territorio inicialmente pretendido. Las fronteras se trazaron con líneas rectas que ignoraban la realidad del terreno, una costumbre habitual en la diplomacia colonial.
Con el Protectorado francés en Marruecos a partir de 1912, se revisó de nuevo el encaje territorial y el Sáhara Occidental quedó como una pieza diferenciada dentro del entramado colonial franco-español. Sin embargo, la presencia efectiva en el interior siguió siendo incierta durante años. Las guarniciones eran reducidas, el terreno difícil y las tribus nómadas mantenían una autonomía que hacía complicado un control real.
El territorio exigía mucho y devolvía poco, más allá de la pesca y de un prestigio colonial modesto. España había peleado por un desierto que pronto demostró ser caro, áspero y políticamente complejo.
De enclave remoto a provincia número 53
Pese a que el protectorado nació casi como una operación improvisada, el territorio acabaría plenamente integrado en la estructura estatal. Tras sucesivas reformas, el Sáhara pasó a ser colonia formal y, en 1958, se organizó como una provincia española más. Para entonces, nombres como Villa Cisneros ya formaban parte del imaginario colectivo.
Las casetas levantadas por Bonelli eran ya historia, pero seguían siendo la base jurídica de todo lo que vino después. España construyó infraestructuras, escuelas, carreteras y reforzó su presencia militar, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. El territorio, considerado durante décadas un espacio marginal, se había convertido en un punto estratégico del que Madrid no quería desprenderse.
El eco del gesto de 1884 seguía resonando: una decisión administrativa tomada para acudir a Berlín con algo que presentar había abierto la puerta a un compromiso colonial que duraría casi un siglo.
Un acto administrativo con efectos inesperados
Lo que en su origen parecía un trámite burocrático terminó marcando la política exterior española durante generaciones. Aquella orden circular, los acuerdos firmados por Bonelli y las factorías levantadas en la arena se transformaron en los cimientos legales de una presencia que perduró mucho más allá de lo previsto.
La figura de Bonelli y el impulso de la Sociedad de Africanistas ilustran el carácter peculiar del colonialismo español tardío: una mezcla de idealismo, intereses particulares, necesidad de prestigio y creatividad administrativa. España no conquistó el Sáhara con grandes ejércitos, sino con papeles, banderas y una retórica de protección que, con el paso del tiempo, adquiriría un peso histórico considerable.
Lo que comenzó como una operación modesta terminó dibujando durante décadas una franja española en los mapas del noroeste africano, un resultado que pocos habrían imaginado aquel diciembre de 1884 en el que todo empezó.
Martínez Milán, J. M. (2007). España en el Sáhara Occidental: de una colonización tardía a una descolonización inconclusa, 1885–1975. Anales de Historia Contemporánea, 23, 365–388. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2319923.pdf
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