Cada 10 de diciembre aparece en el calendario una fecha solemne, cargada de simbolismo y con cierto aroma a lección de instituto: el Día Internacional de los Derechos Humanos. No es fruto de una campaña reciente ni de un arrebato propagandístico, sino el recordatorio del momento en que la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en París en 1948, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El documento, conocido como DUDH, reúne en treinta artículos un catálogo de libertades y garantías tan básicos que no deberían necesitar presentación. No exigen currículos deslumbrantes, ni impuestos al día, ni vocación de santidad. Se conceden por el sencillo hecho de nacer y respirar. Y, aunque ahora suene evidente, en su momento fue toda una revolución moral.
La conmemoración oficial, sin embargo, no llegó hasta 1950, cuando la propia Asamblea General decidió que aquel 10 de diciembre merecía una mención anual. La fecha se fijó como recordatorio, casi como recordatorio disciplinado, de unos principios que para muchos gobiernos han sido siempre más incómodos que inspiradores.
Dicho de forma llana: no celebra conquistas militares ni coronaciones regias, sino algo bastante más difícil de garantizar. Celebra la idea de que ninguna persona debería ser tratada como mercancía, trofeo o recurso prescindible.
De la barbarie al papel: por qué hubo que inventar los derechos humanos modernos
La Declaración Universal no surgió como un ejercicio teórico aislado. Fue hija del trauma. Llegó tras la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, de las ciudades reducidas a ruinas, de los campos de concentración y de una colección de atrocidades que demostraron con crudeza la capacidad humana para el desastre.
Naciones Unidas, recién creada en 1945, comprendió que no bastaba con levantar la voz contra una nueva guerra. Hacía falta fijar unos mínimos civilizatorios, un marco ético que limitara la arbitrariedad de los Estados. Algo parecido a un manual de dignidad humana que ningún gobierno pudiera ignorar sin sonrojarse.
En ese contexto se redactó la Declaración Universal, obra colectiva de un comité donde sobresalía la figura de Eleanor Roosevelt, impulsora incansable del proyecto. El objetivo era ambicioso: redactar un texto que valiera para democracias, regímenes socialistas y países que se abrían paso tras procesos de descolonización. La cuadratura del círculo diplomático, lograda a base de negociaciones, renuncias y discursos interminables.
No se trataba de un tratado con obligaciones jurídicas, sino de un conjunto de principios. La propia resolución que lo acompañaba hablaba de un “ideal común” para todos los pueblos. En efecto, más una brújula moral que un código rígido. Muchos gobiernos lo aplaudieron en público y lo archivaron en privado, como quien guarda las buenas intenciones en un cajón lleno de facturas atrasadas.
10 de diciembre de 1948: París, votos, abstenciones y una declaración incómoda
La escena fundacional tuvo lugar en el Palacio de Chaillot, el 10 de diciembre de 1948. La Asamblea General aprobó la Declaración Universal con 48 votos favorables, 8 abstenciones y ninguna oposición frontal. La ausencia de votos en contra no implicaba entusiasmo desbordado; muchos países preferían no retratarse rechazando algo tan aparentemente impecable como “los derechos humanos”.
Entre quienes optaron por la abstención estaban Estados del bloque soviético, Arabia Saudí o Sudáfrica. Les incomodaban varios artículos, como la defensa explícita de la igualdad sin distinción de raza o religión, o las libertades de conciencia, expresión y voto. Para algunos gobiernos, permitir a la ciudadanía criticar abiertamente al poder no entraba en sus planes de futuro.
El documento final abarcaba desde la prohibición de la tortura hasta el derecho a la educación, pasando por la libertad de pensamiento, el derecho a un trabajo digno o el acceso a un nivel de vida adecuado. Hoy suena razonable, incluso modesto, pero sigue sin ser una realidad en demasiados lugares del planeta.
La ironía histórica se aprecia con claridad: un texto que proclamaba la igualdad universal fue adoptado en un mundo aún salpicado de imperios coloniales, segregación racial y dictaduras vigorosas, cada una con su propia idea de la legalidad.
1950: cuando la ONU decidió que había que marcar la fecha en el calendario
Dos años después, Naciones Unidas determinó que aquel día merecía una cita fija. La resolución que lo instituyó animaba a gobiernos y organizaciones a recordar anualmente los principios de la Declaración Universal. Convertir una fecha en efeméride no es algo inocente: implica actos, discursos, campañas, informes y, sobre todo, cierta obligación colectiva de mirarse al espejo.
Con el tiempo, el 10 de diciembre se consolidó como una jornada plagada de declaraciones solemnes, informes de situación, galas institucionales y también gestos de cara a la galería. Hay gobiernos que reprimen protestas en febrero y felicitan el Día de los Derechos Humanos en diciembre. Conviene no perder de vista estas paradojas, tan habituales en la diplomacia como en la política doméstica.
Aun así, la fecha sirve para algo más que para discursos pulidos. Ha permitido visibilizar violaciones flagrantes, apoyar campañas de denuncia y mantener vivo un marco que, sin recordatorios, podría quedar relegado a los márgenes del debate público.
Lemas, campañas y modas: cada año, un enfoque distinto
Para evitar que la efeméride se convierta en un acto repetitivo, Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado introducen cada año nuevos lemas y enfoques. Igualdad, antidiscriminación, impacto del cambio climático, migraciones, juventud y participación social… Cada periodo imprime su sello y sus urgencias.
En los últimos años, los mensajes han insistido en la necesidad de que los derechos humanos se integren en la vida cotidiana, de forma natural y sin solemnidades innecesarias. Se ha insistido en que estos derechos no son un salvavidas de emergencia, sino un marco que acompaña desde que uno sale de casa hasta que vuelve a ella: al acceder a la sanidad, al encender el teléfono, al moverse por la ciudad o al expresar opiniones sin miedo a represalias.
Esta sucesión de lemas, a veces, ha recibido críticas. Algunos consideran que se diluyen en campañas efímeras mientras subsisten problemas estructurales. Otros ven en ellos la posibilidad de ir ajustando el enfoque, desde el gran relato universal hasta preocupaciones más concretas, como la defensa del medio ambiente, los derechos de las mujeres o la protección frente al discurso de odio.
Qué se hace el 10 de diciembre: entre actos institucionales y luchas muy concretas
Las celebraciones que acompañan al Día Internacional de los Derechos Humanos son variadas. Naciones Unidas organiza debates, presentaciones y actividades educativas. Gobiernos y organizaciones de todo tipo programan conferencias, manifestaciones, talleres, entregas de premios y campañas en centros culturales y universidades.
En muchos países, la fecha sirve para reconocer avances logrados durante el año. En otros, se convierte en una plataforma para denunciar retrocesos alarmantes. Organizaciones de prestigio publican informes y listas de abusos, que intentan situar sobre la mesa realidades que durante meses permanecen ocultas bajo el ruido mediático.
Además, el 10 de diciembre coincide con la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, lo que da a la jornada un eco especial. Activistas, asociaciones y figuras públicas reciben reconocimiento por su labor, reforzando el vínculo entre el día y las luchas concretas que lo mantienen con vida.
Aun así, el balance diario es complejo. Hay quienes utilizan la fecha para renovar compromisos y revisar políticas públicas, mientras otros la convierten en un escaparate para redorar la fachada sin modificar nada en profundidad. En paralelo, colectivos de víctimas, activistas medioambientales, movimientos feministas o asociaciones de defensa de presos políticos recuerdan que la distancia entre las declaraciones solemnes y la realidad suele ser abismal.
España y el Día de los Derechos Humanos: memoria, fosas y papeles
España también participa cada año en la conmemoración. Los mensajes oficiales insisten en su compromiso con el sistema internacional de protección de derechos humanos. Sin embargo, más allá de los comunicados, el país muestra un paisaje propio que añade matices y tensiones.
Las asociaciones de memoria histórica realizan actos en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Siguen reivindicando exhumaciones, identificación de restos y reparación para familias que llevan generaciones esperando justicia. Las fosas comunes dispersas por el territorio, muchas aún sin intervenir, son un recordatorio silencioso de que la Declaración Universal llegó demasiado tarde para muchos y no ha terminado de llegar para otros.
Diversas organizaciones sociales aprovechan la efeméride para centrar el debate en cuestiones como la violencia de género, el racismo, las migraciones, la precariedad laboral o la dificultad de acceso a la vivienda. Universidades, colegios profesionales y movimientos ciudadanos organizan jornadas y seminarios para analizar cómo trasladar esos principios a leyes y políticas concretas.
Existe una paradoja evidente: España defiende activamente los derechos humanos en foros internacionales, mientras a nivel interno conviven avances importantes con retrocesos, controversias y retos estructurales que siguen sin resolverse.
Derechos humanos hoy: avances, retrocesos y cierta sensación de déjà vu
El Día Internacional de los Derechos Humanos llega cada año a un mundo marcado por conflictos, desplazamientos masivos, gobiernos autoritarios en ascenso, democracias fatigadas y tecnologías que, de la mano de la vigilancia digital, abren debates inéditos sobre privacidad y libertad. A ello se suma la desinformación, que trivializa abusos y convierte en ruido lo que debería ser alarma.
Sigue cavando: la historia siempre puede ser más absurda
A pesar de ese panorama, las últimas décadas han traído progresos indudables. Han surgido tribunales internacionales y mecanismos de protección cada vez más especializados. Se han reconocido derechos de grupos históricamente marginados y ha crecido la red global de defensores de derechos humanos. El problema no suele ser la falta de normas, sino la distancia, a veces insalvable, entre su letra y las prácticas cotidianas.
El 10 de diciembre cumple así una función incómoda pero necesaria. Recuerda que la Declaración de 1948 no fue nunca una meta, sino un punto de partida. Se escribió en un tiempo que no podía imaginar internet, el cambio climático o la inteligencia artificial, y aun así se mantiene sorprendentemente vigente para entender los retos actuales.
Que en pleno 2025 siga siendo imprescindible reservar un día para recordar que nadie debería ser torturado, desaparecido, censurado o discriminado por motivos de origen, género o ideas tiene un aire de tragicomedia colectiva. Y evidencia que el edificio de los derechos humanos sigue en obras. De momento, hace falta seguir recordando, cada 10 de diciembre, que la distancia entre el ideal y la realidad no se acorta sola.
